El alcance del derecho a la libertad de expresión e información está asociado con los distintos principios del control ciudadano referentes a las actuaciones del Estado, además tiene relación directa con el desarrollo y fortalecimiento de la democracia, a través de una gestión pública transparente y de participación.
El acceder a la información representa un mecanismo útil para combatir los actos de corrupción y el abuso de poder de los entes gubernamentales mediante la actuación ciudadana,(medios, gremios, comunidades, sociedad civil) en la tarea de fiscalización de la administración pública. Es fundamental que los países tengan una ley que regule el acceso a la información para lograr un camino expedito que garantice y legitime el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho, lo que implica una mejor democracia.
Se trata de condiciones igualitarias para acceder a la información que se encuentre en manos del Estado, lo que implica que la sociedad pueda decidir las actuaciones que correspondan en materia de auditoria del poder y participación en el mismo, es decir, un ejercicio de la ciudadanía.
Según informe de Human Righst Advocate, citando a Joseph Stiglitz(1), señala que las asimetrías de información, pueden favorecer la discrecionalidad en detrimento de la eficiencia, además indica que colocando a disposición del público la información, puede ayudar a reducir los abusos del poder e incrementar la eficiencia. Esta argumentación reivindica la eliminación de la discrecionalidad estatal para dar paso a la necesidad de la ley como mecanismo de control a favor de la eficiencia, al combate del abuso del poder y a la eliminación de una acción permanente del estado y que no está reglada o enmarcada jurídicamente “la acción discrecional” frente a determinados asuntos, en este caso en materia de información.
Cuando contamos con una ley de acceso a la información pública, logramos que los ciudadanos sigan permanentemente las acciones de los gobernantes y efectúen los reclamos correctamente fundamentados.
El acceso a la información pública se fundamenta en la necesidad de los ciudadanos a conocer la gestión de los poderes públicos, independientemente de la razón que tengan, sea para garantizar la libre opinión y disidencia, garantizar la correcta administración y transparencia en los asuntos públicos o por el deseo natural de todo ciudadano a obtener información.
La comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece una doctrina que incluye en la dimensión social del derecho, a la libertad de expresión y a la información los tópicos relacionados con el acceso a la información, lo que podemos interpretar como el otorgamiento de un rango especial y preferencial en materia de derechos humanos.
El reconocimiento de este derecho, como elemento fundamental para el control ciudadano y la participación pública en la búsqueda de una mejor democracia, lo convierte en un derecho en sí mismo, dejando de ser solo un mecanismo o herramienta para la garantía de otros derechos.
En los Estados modernos el Derecho de Acceso a la información cobra especial importancia porque la visión modernista entiende la necesidad de desarrollar una mayor calidad en los sistemas democráticos. El acceso a la información representa la posibilidad de actuación y participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, lo que implica una vigilancia de la función pública. ¿Cómo reclama un ciudadano las obras de un gobierno si ni siquiera sabe cuáles están programadas?
Las libertades de expresión e información son derechos fundamentales que forman parte del patrimonio de una sociedad democrática, consagrados además en instrumentos internacionales como los artículos 10 y 11 de la Declaración del Hombre y el Ciudadano de 1789, en la declaración Universal de los derechos Humanos en el año 1948,específicamente en su artículo 19 o en el Pacto internacional de Derechos civiles y políticos de 1976.
Ya no es suficiente que un país efectúe elecciones permanentemente y los gobernantes presenten una memoria y cuenta anual para determinar que son mejores sociedades democráticas, se trata de lograr el empoderamiento de la sociedad en la auditoria de las ejecutorias gubernamentales donde la transparencia ocupa lugar relevante.
Las sociedades democráticas deben garantizar las libertades de opinión, expresión y de acceso a la información, lo que implica que una sociedad informada estará en capacidad de vincularse directamente en el control y evaluación de la cosa pública y ejercer su ciudadanía, lo que profundiza la implantación de una mejor calidad en la democracia.
Mientras que en varios países de América, se discute sobre las sanciones a los funcionarios públicos que nieguen el acceso a la información en poder del estado, en Venezuela aún se aborda de forma tímida la necesidad o no de una ley de acceso a la información pública.
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